El comité creado por Lightfoot concluyó que las estatuas de Colón, Washington, Lincoln y otros deberían ser retiradas, pero el Ayuntamiento no ha dado detalles sobre cómo se tomaron esas decisiones, porque se dice que el comité no es un organismo público.
Este artículo, publicado originalmente en inglés por Better Government Association (BGA), está disponible en español gracias al proyecto “Traduciendo las noticias de Chicago”, del Instituto de Noticias Sin Fines de Lucro (INN).
Por David Jackson
Durante las protestas realizadas en el verano por la brutalidad policial y los derechos civiles, la alcaldesa de Chicago Lori Lightfoot ordenó retirar en medio de la noche, las estatuas de Cristóbal Colón ubicadas en la ciudad y que se habían convertido en el punto de encuentro de las manifestaciones.
Lightfoot también creó un comité para realizar una revisión exhaustiva y evaluar si otras obras artísticas públicas deben ser retiradas o cambiadas y prometió que el recién creado Comité Asesor del Proyecto de Monumentos iniciaría “un diálogo público inclusivo y democrático”, sobre el futuro de la colección de arte público de Chicago que es conocida a nivel internacional.
Pero durante los primeros seis meses de trabajo las deliberaciones del comité se mantuvieron en secreto. De hecho, el comité de monumentos de la alcaldesa fue diseñado para trabajar de esa manera.
“Lo que se dice aquí, se queda aquí”, fue el mensaje que los funcionarios municipales entregaron a los miembros del comité en su reunión del 14 de octubre, de acuerdo con un paquete resumido de 24 páginas que incluían las agendas del comité y las actas del Ayuntamiento recientemente reveladas a Better Government Association (BGA).
El comité tiene la tarea de identificar cualquier monumento público vinculado a la supremacía blanca y la injusticia que “merezca ponerle atención” y que podría ser retirado. Finalmente se identificaron 41 obras problemáticas, incluyendo las estatuas de Colón así como las de los presidentes Abraham Lincoln, George Washington, Ulysses S. Grant y William McKinley.
Pero a pesar de la promesa de Lightfoot de ser transparente durante este proceso, no hubo avisos públicos de ninguna de las seis reuniones del comité, no hay un registro de los 30 miembros del comité que asistieron, o algún detalle sobre lo que recomendaron durante las aproximadamente 12 horas que duraron las sesiones de deliberaciones realizadas en línea.
El público no tuvo la oportunidad de observar u ofrecer alguna aportación en las reuniones privadas, de las cuales ninguna se grabó en audio o video, dijo Christine Carrino, directora de comunicación del Departamento de Asuntos Culturales y Eventos Especiales de Chicago.
“El comité asesor del Proyecto de Monumentos de Chicago no es un ‘organismo público’ y por lo tanto, la ley [de reuniones abiertas] no aplica”, declaró Carrino a BGA en un comunicado, explicando la negativa de la municipalidad de publicar las recomendaciones e informes del comité, las listas de asistencia y las grabaciones de sus seis primeras sesiones.
Debido al intenso interés cívico que rodea al arte público de Chicago, Lightfoot pudo haber otorgado acceso al público, dijo Benjamin Silver, abogado del Centro de Defensa Ciudadana, organización no partidista de vigilancia con sede en el condado de DuPage.
“Incluso si no están sujetos a la Ley de Reuniones Abiertas, está la cuestión de la transparencia voluntaria, especialmente en algo así”, agregó. “Ya han identificado 41 monumentos. Y si alguien está de acuerdo o en desacuerdo con esas decisiones, existe el interés público de saber cómo es que se tomaron esas decisiones”.
“Con las reuniones cerradas, no es posible”, agregó Silver. “Le corresponde a la municipalidad responder por qué quieren hacerlo a puerta cerrada”.
Inicia la etapa de aportación pública
Carrino agregó que el proceso ha iniciado una nueva etapa en la que se solicita la participación pública.
El 17 de febrero, la municipalidad dio a conocer una página web alentando así a sus visitantes a “compartir sus opiniones”. Pide a los ciudadanos que llenen un formulario de comentarios en línea o que publiquen en las redes sociales usando la etiqueta #ChicagoMonuments.
La página web también tiene enlaces a una “serie de oradores”, que son seminarios en línea impartidos por los miembros del comité, y a un calendario de “conversaciones directas" en el que “los residentes de Chicago son invitados a registrarse previamente para participar en una discusión de una hora con los miembros del Comité Asesor del Proyecto Monumentos de Chicago”.
Allí, según dice el sitio web de la municipalidad, “usted puede hacer preguntas, compartir sus opiniones y aprender más sobre el Proyecto de Monumentos de Chicago”.
“El proyecto se encuentra en la etapa de participación pública, realizando conversaciones en línea y alentando a la retroalimentación de todos los residentes de Chicago sobre estos y otros monumentos que están bajo la gestión de la municipalidad”, dijo Carrino en su declaración. “El comité ha sugerido una lista de monumentos para conversaciones futuras, pero no se han hecho recomendaciones al respecto sobre alguno”.
Los registros proporcionados por la municipalidad como respuesta a la solicitud de BGA, sugieren que la lista de los 41 monumentos problemáticos fue proporcionada por funcionarios de la administración de Lightfoot y no por los artistas y las personalidades culturales que integran el comité asesor. “A partir de una lista básica de aproximadamente 500 objetos ubicados al aire libre, hemos identificado más de 40”, dijeron los administradores de la municipalidad a los miembros del comité en su segunda reunión de Zoom, realizada el 1 de octubre.
Carrino dijo que el personal del Ayuntamiento “hizo la evaluación inicial para darle sentido al material”.
La evaluación del personal pasó luego a los tres copresidentes del comité: Mark Kelly, comisionado de asuntos culturales; Bonnie McDonald,directora de Landmarks Illinois, y Jennifer Scott, directora del museo Jane Adams Hull-House.
Después de eso, la lista de monumentos problemáticos se compartió con todo el comité asesor al que se le pidió “trabajar” en los ejemplos, dijo Carrino.
A partir de ahí, “se hicieron ajustes y se añadieron obras de arte basándose en las aportaciones del personal y del comité antes de que la información se pusiera a disposición del público”, dijo Carrino.
Un comunicado de prensa de Lightfoot y las actas del comité dicen que los miembros del mismo harían las recomendaciones y realizarán un “informe final” con “la documentación del proceso y sus recomendaciones”.
Pero en su respuesta a BGA en la Petición Bajo el Acta de la Libertad de la Información (FOIA, por sus siglas en inglés), el Ayuntamiento dijo que no existía tal informe final o la documentación de las recomendaciones.
Lightfoot formó su comité asesor de monumentos públicos cuando estaba bajo escrutinio por las presuntas violaciones a la Ley de Reuniones Abiertas de Illinois.
En junio de 2020, BGA presentó una demanda alegando que el Ayuntamiento violó la Ley de Reuniones Abiertas durante las reuniones telefónicas de COVID-19 con Lightfoot. La municipalidad impugnó la demanda de BGA, pero Lighfoot se comprometió a no realizar reuniones adicionales fuera de la vista pública. La demanda de BGA está pendiente.
Un mes antes de que se presentara dicha demanda, la organización de noticias ProPublica Illinois presentó una queja ante la oficina del Fiscal General de Illinois sobre las llamadas de conferencia de Lightfoot con el Concejo Municipal para discutir la pandemia. El fiscal general confirmó esa denuncia en septiembre.
En ambos casos, la administración de Lightfoot niega haber violado la ley.
Durante las protestas a nivel nacional por el uso de la fuerza policial después de que George Floyd muriera bajo la custodia de la policía de Minneapolis, al principio Lightfoot se opuso a las peticiones de retirar las estatuas de Colón en Chicago diciendo que deberían permanecer como herramientas de enseñanza.
“La forma en que educamos a nuestros jóvenes en particular sobre su historia es educarlos sobre la historia completa”, dijo Lightfoot el 18 de junio.
Pero en julio, después de que las manifestaciones en los sitios donde se encuentran las estatuas de Colón en Chicago se tornaran en enfrentamientos violentos entre los manifestantes y la policía y que la casa de Lightfoot se convierta en un lugar de reunión para los manifestantes, Lightfoot ordenó, a mitad de la noche, que se quitaran las estatuas de Colón ubicadas en los parques Grant y Arrigo y posteriormente una ubicada en un tercer sitio al sureste de la ciudad.
“Este paso se trata de un esfuerzo por proteger la seguridad pública y preservar un espacio seguro para un diálogo público, inclusivo y democrático, sobre los símbolos de nuestra ciudad”, dijo Lightfoot en ese entonces.
Luego anunció la creación del Comité Asesor del Proyecto de Monumentos como “un proceso formal para evaluar los monumentos y murales ubicados en las comunidades de Chicago y desarrollar un marco para un diálogo público y así determinar cómo elevamos la historia y la diversidad de nuestra ciudad”.
Lightfoot describió al comité como “un vehículo para abordar las duras verdades de la historia racial de Chicago”.
‘Estas conversaciones pueden ser dolorosas’
La Ley de Reuniones Abiertas de Illinois garantiza a los ciudadanos el acceso a “todas las reuniones en las que se discute o se actúa sobre cualquier asunto de un organismo público”, excepto en circunstancias limitadas y específicas.
Bajo esa ley, una “reunión” puede ser o incluir “cualquier reunión, ya sea en persona o por videoconferencia, audio, llamada telefónica, medios electrónicos (tales como pero sin limitarse a, correo electrónico, chat electrónico y mensajería instantánea) u otros medios de comunicación actual interactiva”.
En un veredicto emitido en 1997 por el Tribunal de Apelación de Illinois, conocido como “Board of Regents v. Reynard”, se dictaminó que los comités creados para asesorar a un organismo gubernamental se consideraban un organismo público para las resoluciones de la Ley de reuniones abiertas.
Silver y otros abogados dijeron que puede ser difícil comprobar en la corte que un comité asesor califica como un organismo público. El cumplimiento de la ley depende de la forma en que se designe a los miembros y de la autoridad decisiva que se les otorgue, entre otras cuestiones.
Cesáreo Moreno, director de artes visuales del Museo Nacional de Arte Mexicano ubicado en el barrio Pilsen y miembro del comité, dijo que le daba gusto que lo que se discutió durante los primeros seis meses de deliberaciones del comité fuera privado, ya que así los miembros pueden compartir sus pensamientos y emociones sin tener que preocuparse de que se les malinterprete.
“Muchos de los temas que se abordan son profundos, privados y tratan sobre tu identidad”, agregó Moreno. “Estas conversaciones son incómodas y pueden ser dolorosas para muchas personas y sin duda, avivan las respuestas de los individuos y pueden ser emotivas”.
Pero la comisión se encuentra en una nueva posición, ya que ahora se trata de las aportaciones de los ciudadanos y de los líderes comunitarios. “Estamos en el primer paso de un largo viaje”.
Traducido por Gisela Orozco