Casi un año después de la pandemia, los inquilinos continúan con dificultades; hay medidas que residentes y legisladores pueden tomar para minimizar el impacto.
Por Justin Agrelo
Este artículo, publicado originalmente en inglés por City Bureau, está disponible en español gracias al proyecto “Traduciendo las noticias de Chicago”, del Instituto de Noticias Sin Fines de Lucro (INN).
Este artículo es parte de la serie “Viviendo al borde del desalojo”, producida por City Bureau, un laboratorio de periodismo cívico con sede en Chicago.
El desalojo ya era un problema en Chicago mucho antes del COVID-19. Durante la última década, 1 de cada 27 hogares de inquilinos en Chicago ha sufrido un desalojo en el año, según datos del Comité de Abogados para una Mejor Vivienda (LCBH, por sus siglas en inglés). Esta es una organización que ofrece servicios legales gratuitos a los residentes de Chicago que se enfrentan al desalojo.
Antes de la pandemia, la ciudad tenía hasta más de 22,000 casos de desalojo anuales, afectando desproporcionadamente a las comunidades negra y latina.
La pandemia sólo ha empeorado esta crisis, llevando a Chicago al borde de un desastre inmobiliario. Según investigaciones de la Universidad Loyola y LCBH, Chicago podría tener hasta 21,000 solicitudes de desalojo en solo un mes, esto una vez que se levanten las moratorias de desalojo. A pesar de las moratorias, el año pasado en Chicago se presentaron 5,472 desalojos. Estas cifras no incluyen a cientos de personas y familias que probablemente han sido forzadas a abandonar sus hogares a la sombra de la ley.
Mientras tanto, los inquilinos han dependido principalmente de una financiación federal limitada y una prohibición de desalojo que solo se ha debilitado con el tiempo y que podría inducir a un aumento en los casos de desalojo tan pronto como se venza.
Pero no es demasiado tarde para actuar. Estas son cuatro soluciones presentadas por expertos y defensores de la vivienda, para que las personas continúen en sus hogares y de paso, prevenir una crisis de vivienda.
CONGELAMIENTO DEL ALQUILER
Durante años, los activistas por la vivienda han luchado para revocar la prohibición de control de alquileres de Illinois, ley que prohíbe al gobierno poner cualquier restricción en la forma en que los propietarios establecen el alquiler.
Cuando comenzó la pandemia, la coalición Lift the Ban cambió de táctica; hicieron un llamado al gobernador J.B. Pritzker para que usara sus poderes de emergencia y así levantar la prohibición de control de alquileres y congelar el alquiler para los inquilinos en dificultades, medida que podría ayudar a mantener en sus hogares a aproximadamente un millón de residentes de Illinois que actualmente son vulnerables al desalojo.
Aunque Pritzker hizo campaña para levantar la prohibición y apoyó una derogación legislativa, rechazó las peticiones de los activistas, alegando que sus poderes ejecutivos no tenían tanto alcance.
Pero en un memorando legal publicado en abril de 2020 a manera de respuesta a las preguntas de los miembros de la coalición Lift the Ban, los abogados del bufete Despres, Schwartz y Geoghegan, Ltd., argumentan que hay “muchas maneras” en las que el gobernador puede otorgar ayuda con el alquiler que no requieren la legislatura estatal. Según los abogados, la Ley de la Agencia de Gestión de Emergencias de Illinois le permite a Pritzker suspender el alquiler o facultar a los municipios para que lo hagan por su cuenta.
“Los poderes que el gobernador tiene en una emergencia como esta, son muy amplios”, dijo Will Bloom, abogado del bufete. “Se podría crear una solución que otorgue a los inquilinos la protección que necesitan sin poner la carga en los propietarios minoritarios que también necesitan ayuda”.
Animada por el análisis legal, la coalición Lift the Ban ha protestado varias veces por fuera de la mansión de Pritzker ubicada en Gold Coast, exigiendo que cancele el alquiler. El verano pasado, la coalición estableció su campamento “Pritzkerville”, que representa la escena de un desalojo, afuera de la corte de desalojos.
“El año pasado todo empeoró 10 veces más”, comentó Brian Bennett, organizador comunitario de la coalición. “Si usted debe alquiler atrasado porque perdió su trabajo debido a (la pandemia) COVID, la municipalidad no puede aprobar ninguna ley que sume cargos. Pueden distribuir un poco de subsidios de fondos federales, pero estamos hablando de miles de millones de dólares”.
Pero la voluntad política para cancelar el alquiler es poca. “Las asociaciones de propietarios son grandes donantes”, agregó Bloom. ‘El Partido Demócrata recibe mucho dinero de los propietarios. No quieren hacer algo que haga enojar a la gente de cuyas donaciones dependen”.
Para cambiar ese panorama político, Bennett anima a los residentes de Chicago a involucrarse más a nivel local.
“En Chicago tenemos representantes en estos distritos muy alquilados y desalojados, que están matando esta legislación [para levantar la prohibición]”, aseguró Bennett. “Enviar correos electrónicos o llamar, no va a lograr nada. La gente necesita unirse a las coaliciones para demostrar que hay un grupo de inquilinos grande y serio”.
MÁS DINERO PARA LOS RESIDENTES EN DIFICULTADES
Sin el congelamiento del alquiler, poner dinero en manos de la gente es fundamental para mantenerlos en un hogar una vez que venzan las prohibiciones de desalojo. Inclusive antes de la pandemia, la falta del pago del alquiler fue el precursor clave para el desalojo, con el 82% de los casos de desalojo en Chicago presentados en corte sobre el impago del alquiler, regularmente por menos de $2,500, según datos de LCBH.
Desde el comienzo de la pandemia, los gobiernos de ciudades y estados han dependido de los programas de alquiler y asistencia hipotecaria de emergencia para mantener a las personas en una vivienda estable.
El año pasado, el Departamento de Vivienda de Chicago (DOH, por sus siglas en inglés) distribuyó más de $22 millones en alquiler y ayuda hipotecaria, según Daniel Hertz, su director de políticas.
Sin embargo, DOH sólo pudo atender a 10,421 hogares a pesar de haber recibido 9,300 solicitudes en dos rondas (Hertz señala que algunos hogares pueden haber presentado solicitudes en ambas rondas).
Illinois se prepara para otra ronda de ayuda de emergencia después de que el Congreso asignó más de $834 millones al estado para la asistencia de alquiler, según el Departamento del Tesoro de los EE.UU. No está claro cuánto de eso llegará a Chicago, pero Hertz espera que sea “significativamente” más de lo que la ciudad recibió el año pasado. Cualquiera que sea el número, Hertz dice que las prisas del año pasado por conseguir dinero para los residentes más afectados, ha hecho que la municipalidad esté ahora más preparada.
INDULGENCIA HIPOTECARIA PARA LOS PROPIETARIOS
En Estados Unidos millones de propietarios son elegibles para los programas de indulgencia hipotecaria durante la pandemia de COVID-19, que les permiten suspender o reducir temporalmente los pagos hipotecarios, ya sea a través del gobierno federal o prestamistas privados.
Los inquilinos que luchan por pagar el alquiler podrían sugerir los programas a sus propietarios; la indulgencia hipotecaria podría disminuir la carga de los propietarios para cobrar el alquiler, y algunos programas incluyen protecciones específicas para los inquilinos.
Los plazos para solicitar estos programas vencen en febrero y marzo, por lo que los propietarios deben contactar a su servicio hipotecario lo más pronto posible. Para saber quién es el dueño de su hipoteca, pueden consultar el sitio http://bit.ly/cbmortgage o http:/bit.ly/cbmortgage2.
Los propietarios con préstamos respaldados por el gobierno (FHA, VA, USDA, Fannie Mae o Freddie Mac) pueden aplazar sus pagos de hipoteca hasta un año, si han tenido dificultades a consecuencia del COVID-19. Estos programas prohíben a los propietarios de edificios con cinco o más unidades, cobrar cuotas atrasadas o desalojar a los inquilinos que no pueden pagar el alquiler durante el período de indulgencia. Los propietarios con préstamos de FHA, Fannie Mae o Freddie Mac también deben dar a los inquilinos planes de reembolso flexibles e informarles de las nuevas protecciones.
Los programas tienen como objetivo mantener a los inquilinos en sus casas mientras se evita que los propietarios enfrenten una ejecución hipotecaria. Durante el periodo de indulgencia, ésta no perjudicará el crédito del propietario ni se le cobrarán comisiones o intereses por demora en el préstamo.
La elegibilidad del programa, la protección del inquilino y los plazos dependen de cada prestamista y están sujetos a cambios; por ello Kathleen Robson, abogada de protección al consumidor quien ha trabajado con Chicago Volunteer Legal Services, sugiere que el mejor medida es “que la gente llame a sus prestamistas y pida la indulgencia”.
MINIMIZAR EL DAÑO DE LAS SOLICITUDES DE DESALOJO
En la sesión de enero de la Asamblea General de Illinois, se paralizó un proyecto de ley de vivienda COVID-19 que hubiera —entre otros tipos de alivio— limitado el acceso público de ciertos registros de desalojo, incluyendo cualquier desalojo presentado durante la pandemia, además de ampliar la prohibición de desalojos a nivel estatal y cerrando algunos tecnicismos en la prohibición existente.
La representante estatal Delia Ramírez patrocinó la SB 3066 de Illinois, conocida como la Ley del Programa Federal de Asistencia de Alquiler de Emergencia COVID-19, y promete presentarla nuevamente en febrero cuando se reúnan los legisladores.
“La gente no debería tener un registro de desalojos que le perjudique durante los próximos 10 años porque no pudieron pagar el alquiler durante (la pandemia) COVID”, dijo Ramírez. “Estoy muy preocupada de que mientras luchamos, por [una congelación de alquiler], la gente va a tener un registro que le dificultará a cualquier propietario alquilarles”.
Los propietarios presentan desalojos a precios mucho más altos en las comunidades negras que en otras partes de la ciudad. Las mujeres negras son más vulnerables.
En algunos casos, una solicitud de desalojo puede permanecer en el historial de crédito de un inquilino incluso después de que el caso se desestime o se dictamine a favor.
Según datos de LCBH y Housing Action Illinois, un grupo que trabaja para ampliar la oferta estatal de vivienda asequible, cada año más de 15,000 personas terminan con un registro de desalojo público a pesar de no tener orden de desalojo u otro juicio en su contra.
El proyecto de ley de Ramírez recibió apoyo bipartidista en la Cámara de Representantes, pero no logró llegar al Senado para su votación. Anima a los residentes de Chicago que quieren apoyar la medida a llamar a su senador y representante estatal, y exigir que la respalden.
“Este proyecto de ley es una protección de la salud, está eliminando barreras a la vivienda, es un proyecto de justicia penal”, agregó Ramírez. “Necesitamos desesperadamente asegurarnos de que pase. Si no pasa, posiblemente eso significaría que más de un millón de personas se verán afectadas”.
Traducido por Gisela Orozco