Defensores dicen que la pandemia ha empeorado un problema de larga duración de los funcionarios de las prisiones de Illinois, que no informan a las familias cuando sus seres queridos se enferman.
Este artículo, publicado originalmente en inglés por Injustice Watch, está disponible en español gracias al proyecto "Traduciendo las noticias de Chicago", del Instituto de Noticias Sin Fines de Lucro (INN).
Por Emma Lubitsch
El hijo de Cynthia McDonald, Joseph Wilson, contrajo Covid-19 a finales de marzo mientras cumplía su sentencia de cadena perpetua por asesinato en primer grado e intento de robo; esto en el Centro Correccional de Stateville, ubicado a unas 40 millas al suroeste de Chicago.
Dijo que se enteró que lo habían sacado de la prisión en una ambulancia por una llamada telefónica de su sobrino, que había sido contactado por un guardia de la prisión que era amigo de Wilson.
Pero la madre, que vive en la comunidad de Auburn Gresham al sur Chicago, comentó que los funcionarios de la prisión nunca le notificaron formalmente que Wilson había sido hospitalizado debido al virus mortal. También ha alegado que los funcionarios de la prisión la tuvieron en la angustia mientras la salud de su hijo decaía.
“Parece que no les importa”, dijo.
Robert Eyler se infectó de Covid-19 en agosto. Su madre, Terry Zahn, le dijo a Injustice Watch que se enteró cuando una enfermera llamó haciéndole un favor a Eyler después de que los funcionarios de la prisión lo hospitalizaron. Cumplía una sentencia de nueve años en el Centro Correccional de Jacksonville en el Condado de Morgan, esto por la elaboración de metanfetamina.
“Al menos pudieron haber tenido la decencia de llamarme para decirme que había sido hospitalizado”, dijo Zahn de los funcionarios de la prisión. “Simplemente no es correcto”.
Finalmente, McDonald y Zahn perdieron a sus hijos por el virus.
El Covid-19 ha colocado barreras enormes para las personas que atraviesan durante los últimos momentos de la vida de un ser querido. McDonald y Zahn tenían la carga añadida de navegar por el asediado sistema de salud de las prisiones de Illinois durante una pandemia. Sus relatos destacan un problema de larga duración entre los funcionarios de prisiones de Illinois que no informan a las familias cuando sus seres queridos están hospitalizados o enferman. Los defensores dijeron que la pandemia ha empeorado las cosas, ya que los funcionarios de prisiones se ocupan de un mayor número de muertes de reclusos en comparación con el año pasado.
Hasta la fecha, el Departamento Correccional de Illinois ha confirmado casi nueve mil (9,000) casos de Covid-19 entre el personal y los reclusos. Entre el 29 de marzo y el 8 de diciembre, cincuenta y dos reclusos murieron por Covid-19. Más de la mitad de esas muertes ocurrieron a partir de los primeros días de octubre.
Injustice Watch intentó varias veces contactar a David Gómez, director de Stateville, donde durante la pandemia han muerto más reclusos que en cualquier otra prisión de Illinois. Gómez no estuvo de acuerdo en ser entrevistado sobre los problemas de notificación familiar que enfrentó McDonald. En cambio, un miembro del personal de Gómez remitió las preguntas de Injustice Watch a Lindsey Hess, portavoz de la prisión estatal. Gregg Scott, director de Jacksonville, contestó el teléfono. Pero se negó a hablar de las políticas o detalles sobre el caso del hijo de Zahn, y también remitió las preguntas a Hess.
Injustice Watch envió a Hess una lista de las preguntas detalladas sobre las acusaciones de las madres. Sin embargo, no respondió preguntas específicas sobre lo que McDonald y Zahn pasaron antes de los momentos finales de sus hijos. También le preguntamos a Hess sobre las políticas y procedimientos de la agencia para informar a los familiares que sus seres queridos en custodia estaban enfermos o moribundos.
En una declaración enviada por correo electrónico, Hess dijo que la agencia ha adoptado una política durante la pandemia que ordena a los guardianes, guardianes auxiliares o un designado en las prisiones, que cuando el recluso es hospitalizado, notifiquen al pariente más cercano del encarcelado.
Sin embargo, ambas madres entrevistadas por Injustice Watch dijeron que escucharon sobre las hospitalizaciones de sus hijos de alguien que no era funcionario del departamento. Este tipo de notificación no es algo inusual, dijo Corene Kendrick, subdirectora del Proyecto Nacional de Prisiones de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés).
“Las cosas que he visto que suceden comúnmente, es que personal compasivo del hospital se pone en contacto con la familia, o los compañeros de celda o amigos del encarcelado se pondrán en contacto”, dijo. “Pocas veces vemos que las familias sean contactadas directamente por la oficina de la prisión”.
Sarah Grady, directora del Proyecto de Derechos de los Presos en Loevy y Loevy, bufete de abogados de derechos civiles con sede en Chicago, ve esto como un problema generalizado. “Francamente”, dijo, “esto es algo que encontramos en casi todos los casos, y esto no sólo está aislado en el contexto de Covid”.
Los problemas de notificación son “un problema viejo”, dijo Alan Mills, director ejecutivo del Uptown People’s Law Center. Mills ha representado a miles de presos de Illinois en juicios contra el departamento de prisiones.
Dijo que, si bien el departamento correccional normalmente hace el trabajo adecuado de notificar a los miembros de la familia cuando muere un ser querido, por ley, el departamento no está obligado a informarles cuando el individuo encarcelado sufre de una enfermedad grave o incluso mortal.
Varios expertos en litigios y correcciones carcelarias entrevistados por Injustice Watch dijeron que cuando ocultan información a las familias los funcionarios del departamento penitenciario suelen citar preocupaciones de privacidad médica o seguridad.
El hecho de que las autoridades no notifiquen a las familias de los encarcelados no es un caso aislado de las prisiones de Illinois. Los medios de comunicación de Maryland, Indiana y Carolina del Norte han puesto en el foco de atención el problema en otros sistemas penitenciarios estatales en medio de la pandemia y antes de ella.
Steve Martin, destacado experto en cuestiones penitenciarias que supervisa actualmente las reformas en el complejo penitenciario de Rikers Island en la ciudad de Nueva York, ha examinado las prisiones durante casi 50 años. Dijo que las preocupaciones de notificación de salud en Illinois son parte de un patrón más extenso del fracaso en los sistemas penitenciarios de EEUU.
“Es un acto básico de humanidad que debe ser realizado por cualquier agencia gubernamental que esté encargada de supervisar a las personas confinadas”, dijo. Martin destacó que el problema se agrava por “una carencia en términos de estándares y requisitos sobre este asunto”.
Ni la Comisión Nacional de Atención de la Salud Correccional ni la Asociación Correccional Americana ofrecen orientación oficial sobre la forma en que los funcionarios de prisiones deben comunicarse con las familias de los reclusos enfermos.
'No están haciendo lo que se supone que deben hacer’
La familia de Robert Eyler lo conocía como “Bobby”, dijo su madre. Nació y creció en Quincy, Illinois, y amaba NASCAR. Estaba encarcelado en la prisión de Jacksonville por una condena de 2017 por posesión y elaboración de drogas metanfetaminas, según los registros judiciales. Cuando murió estando custodia a la edad de 51 años, tres años antes de la fecha prevista de su liberación dejó cuatro hijos adultos y tres nietos, entre ellos una nieta de 8 años y dos nietos de 2 y 6 años.
Zahn dijo que ella y su hijo eran cercanos. Hablaba regularmente, a veces dos veces al día. Pero a principios de agosto, Eyler llamó a Zahn desde la prisión de Jacksonville, aterrorizado por la respuesta de la prisión ante el Covid-19, contó.
“‘Nos van a matar’”, recuerda Zahn que le dijo. “‘No están haciendo lo que se supone que deben hacer’”.
Su madre dijo que se quejaba de que los guardias no usaban mascarillas en la prisión, y que a los reclusos sólo se les daban los cubrebocas desechables una vez por semana.
En una demanda enmendada presentada en mayo ante el Tribunal de Distrito del Distrito Norte de la División Este de Illinois, varios encarcelados en la prisión de Jacksonville se quejaron de que el departamento correccional no estaba haciendo cumplir estrictamente los protocolos de Covid-19, y que muchas veces los guardias estaban desenmascarados durante su servicio.
La demanda, presentada originalmente en abril, pide mejores condiciones en las prisiones de Illinois y la liberación de individuos que médicamente son vulnerables. Dos abogados entrevistados para este artículo, Grady y Mills, están entre los abogados que representan a los demandantes en la demanda.
Zahn dijo que Eyler también temía que los autobuses de los encarcelados que son transportados de las cárceles de todo el estado, propagaron el virus en Jacksonville, que a principios de agosto había tenido muy pocos casos de Covid-19.
A finales de julio, el gobernador de Illinois J.B. Pritzker levantó la moratoria sobre el traslado de presos a centros correccionales estatales, después de que un juez del condado de Logan revocara la prohibición, allanando el camino para que unos 2 mil (2,000) detenidos fueran trasladados a prisiones de Illinois. Inicialmente Pritzker había implementado la prohibición para frenar la propagación del virus en las prisiones del estado.
Antes de la hospitalización de Eyler, Zahn recuerda que la llamó quejándose de falta de aliento y fatiga. Al día siguiente, Zahn dijo que la llamada habitual que esperaba de su hijo nunca llegó. En cambio, dijo Zahn, una enfermera de un hospital de Springfield la llamó a petición de Eyler y dijo que había contraído Covid-19 y que estaba siendo tratado allí.
Zahn recordó que estaba en contacto con el personal de enfermería del hospital hasta que una enfermera le dijo que hiciera más preguntas a la prisión de Jacksonville. Luego llamó al departamento de enfermería de la institución correccional, donde el personal remitió sus peticiones a Scott, el director.
Scott luego le concedió a Zahn un permiso para recibir actualizaciones sobre la condición de Eyler directamente del personal del hospital, según la madre. Zahn tenía poder notarial sobre Eyler, dijo, lo que le permitió acceder a los registros médicos de su hijo y actualizaciones sobre su condición a través de su estancia en el hospital, que fue de un mes.
Zahn recordó a un médico del hospital, quien le llamó el 20 de septiembre para decirle que la condición de su hijo era inestable, y que probablemente moriría. Eyler llevaba 28 días conectado a un ventilador, dijo Zahn.
Los funcionarios de la prisión concedieron a Zahn y a su hija permiso para ver a Eyler en el hospital, según la madre. Cuando llegaron a la unidad de cuidados intensivos, dijo Zahn, el personal del hospital les proporcionó batas de papel y mascarillas; pudieron pasar los momentos finales de Eyler a su lado.
Zahn organizó un funeral para su hijo el 3 de octubre, con familiares cercanos y amigos en Quincy, Illinois. Eyler fue enterrado en una urna NASCAR. Zahn, riéndose por teléfono, recordó una canción de música country que su familia tocó en el funeral de Merle Haggard y recitó la letra: “Cumplió 21 años en prisión cumpliendo cadena perpetua sin libertad condicional, nadie me podía guiar bien, pero mamá lo intentó’”.
“Y lo intenté por Bobby”, dijo. “De verdad”.
“La familia de nadie más debería pasar por lo que yo pasé y por lo que Bobby pasó”, agregó.
‘Había tantas incógnitas que no tengo ninguna conclusión’
Joseph Wilson creció en la comunidad de Austin, al oeste de Chicago. Wilson tiene dos hijastros y también le sobrevive su esposa que vive en Ohio; y su madre, McDonald, quien dijo que era cercana a su hijo y normalmente hablaba con él al menos una vez por semana.
McDonald lo describió como “una persona feliz y despreocupada” y dijo que había recibido una efusión de apoyo de los amigos de Wilson en la cárcel desde su muerte, uno de los cuales le envió un retrato hecho a mano de Wilson, que tenía 44 años cuando murió. Wilson había estado bajo la custodia del Departamento de Correccionales de Illinois desde su condena en 1998 por el tiroteo de William Burra en agosto de 1995 durante un robo a mano armada en el oeste de la ciudad. Wilson tenía 19 años cuando los fiscales dijeron que apretó el gatillo, según los registros judiciales.
El Centro Correccional de Stateville, donde Wilson cumplía cadena perpetua, fue el lugar del primer gran brote de Covid-19 en el sistema penitenciario estatal. Más personas encarceladas en Stateville han muerto por el virus que cualquier otra prisión de Illinois, según datos del departamento obtenidos por Injustice Watch.
McDonald dijo que a finales de marzo, después de que un oficial correccional en Stateville le avisó informalmente a la familia de Wilson que estaba enfermo, llamó a Stateville varias veces, esperando hablar con una enfermera o con Gómez, el director, para saber a qué hospital se habían llevado a su hijo y en qué estado se encontraba.
McDonald dijo que el personal de Stateville le dio la vuelta cuando llamó en busca de respuestas. Mencionó que había sido transferida de persona a persona sin que se le hubiera dado información relevante durante varios días. McDonald recordó que finalmente, supo por la esposa de su hijo donde estaba siendo atendido: en el Centro Médico de St. Joseph en la cercana Joliet. Pero su esposa también recuerda que tuvo dificultades para obtener información.
Deborah Wilson, quien estuvo casada con Wilson durante 17 años antes de su muerte, dijo que estaba autorizada para recibir información médica y notificaciones sobre el bienestar de su marido del Departamento de Correcciones de Illinois. Pero comentó que el departamento nunca le notificó de la enfermedad de Wilson o la hospitalización, que se enteró por la esposa de otro recluso que fue quien la llamó.
McDonald y Deborah Wilson dijeron que el 13 de abril recibieron la noticia de la muerte eventual de Wilson por parte del personal del hospital donde estaba siendo tratado. McDonald sigue sospechando de las circunstancias alrededor de la muerte de Wilson, preguntándose si se podría haber hecho algo más para ayudar a su hijo.
Lidiar con la muerte de Wilson ha sido especialmente difícil para McDonald, dijo, debido a lo mal que los funcionarios de la prisión se comunicaban con sus seres queridos cuando se enfermó por primera vez.
“No creo que mi hijo deba estar muerto”, dijo McDonald. “Había tantas incógnitas que simplemente no tengo ninguna conclusión”.
Perder a un ser querido puede ser aún más difícil cuando la gente piensa que el fallecido sufrió antes de morir, según expertos en duelo y luto. La Dra. Katherine M. Shear, directora del Centro para el Dolor Complicado de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Columbia, dijo, “perder a un niño, perder a alguien por Covid, y perder a alguien en una situación en la que sientes que hubo una injusticia”, puede poner a las personas en un mayor riesgo de desarrollar trastorno de duelo prolongado.
En una declaración enviada por correo electrónico, Hess portavoz del departamento, dijo que el departamento “investiga todas y cada una de las denuncias” de las instalaciones que no siguen las políticas para notificar a las familias cuando su ser querido encarcelado es hospitalizado durante la pandemia.
Los funcionarios penitenciarios “agradecen cualquier información que ayude a asegurar la comunicación transparente que se está proporcionando a las familias de hombres y mujeres detenidos”, según el comunicado.
Pero Hess no respondió las preguntas sobre los casos específicos de McDonald y Zahn, ni dijo si el departamento estaba investigando sus acusaciones.
Camille Bennett, directora del Proyecto de Reforma Correccional de la ACLU de Illinois, dijo que los legisladores estatales presionarían al Departamento de Correcciones de Illinois para forzar a la agencia a comunicarse mejor con las familias cuando enferman sus seres queridos encarcelados.
“Para que podamos ver algún cambio con el tema del contacto familiar, tiene que haber alguna acción legislativa adicional o una protesta general del público”, dijo.
Injustice Watch habló con Kelly Cassidy, representante del distrito 14 del estado de Illinois, sobre las acusaciones de que los funcionarios de prisiones no notificaron rápidamente a los seres queridos de las personas encarceladas que los reclusos habían sido hospitalizados con Covid-19.
La policía de Illinois informó a los presos que habían sido hospitalizados con Covid-19. Cassidy es copatrocinadora de un proyecto de ley que requeriría que el Departamento de Correcciones de Illinois notifique a las familias sobre la causa de la muerte cuando alguien fallece bajo custodia estatal.
Cassidy dijo que en lo que respecta a las hospitalizaciones, no estaba familiarizada con el tema del contacto familiar. Pero dijo que las preocupaciones planteadas podrían llevar a una pregunta importante sobre la respuesta del estado a Covid-19: “¿Qué hicimos para asegurar que las personas [encarceladas] pudieran permanecer en contacto con sus familias?”.
“Vamos a tener muchas de estas conversaciones en nuestra próxima sesión sobre lo que hemos aprendido de la crisis de Covid-19 y cómo nos ayudará más adelante a intervenir más humanamente”, dijo cuando Injustice Watch preguntó si consideraría abordar el problema de la notificación familiar a través de la legislación futura.
McDonald dijo que quiere ver más urgencia de los funcionarios electos.
“Creo que ya debería haber algo”, dijo. “La gente muere y se enferma [en prisión] todo el tiempo. Esto no debería ser algo en lo que estén pensando [hasta] ahora, por Covid”.
Traducido por Gisela Orozco